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"La base de los acuerdos de colaboración eficaz es la buena fe"

Andre de Almeida Mendonça

André Luiz de Almeida Mendonça ocupa el cargo de abogado general de la Unión desde el 1 de enero del 2019. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Alessandro Currarino

André Luiz de Almeida Mendonça –abogado general de la Unión– tiene rango ministerial, y fue nombrado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en enero de este año. La oficina que lidera representa a los tres poderes del Estado y brinda asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo.

— ¿Podría detallarnos su rol en el sistema brasileño?
Somos ocho mil abogados públicos, respondemos por casi 20 millones de procesos judiciales. Este año hemos firmado cuatro acuerdos de lenidad con compañías involucradas en casos de corrupción…

— Son los acuerdos de colaboración eficaz.
Sí. En total, ya hemos firmado nueve acuerdos, cuatro en este año. Entre las empresas, algunas están involucradas en la operación Lava Jato: Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, entre otras.

— ¿Cómo compararía la experiencia brasileña con la peruana?
Para mí, que trabajo desde hace mucho en el combate contra la corrupción, ver la posibilidad de algo con esta envergadura era algo impensable. Estamos intentando girar una página negra de la historia brasileña. Primero, enfocándonos en las empresas y las personas involucradas. Segundo, teniendo en cuenta de que se puede ir previniendo y sancionando. Tercero, trabajar para que casos como ese no ocurran más. La presencia del ministro [Sergio] Moro es una forma de prestigiar el combate a la corrupción.

— A pesar de los últimos cuestionamientos…
De todo lo que ha salido hasta ahora, nada cuestiona las condenas impuestas.

— ¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que vienen haciendo las autoridades peruanas?
Lo que puedo decirle es que estamos trabajando desde una perspectiva de cooperación intensa con los demás países. Ya lo estamos haciendo; podemos avanzar todavía más.

— En el Perú ha habido sensibilidad en particular con la empresa Odebrecht; desconfianza sobre lo que decía. La legislación brasileña es muy rígida al respecto.
Una base para estos acuerdos es la buena fe. Dejamos cláusulas que dicen que, si la empresa descubre alguna cosa nueva, tiene que venir a nosotros, traer las informaciones, estar dispuestos a pagar por aquello. En tal caso, se hace una enmienda al acuerdo. Si es una omisión de mala fe y tenemos evidencia de eso, cerramos los beneficios de la colaboración.

— ¿Los acuerdos que firman con las empresas son públicos?
Sí, están publicados en la página web de la contraloría. Lo que no es público son los nombres de compañías o personas involucradas en la investigación.

— ¿Cómo se manejan las eventuales devoluciones y los montos que deben pagar las empresas al Estado Brasileño?
No hay un criterio rígido. Trabajamos desde la perspectiva de los valores de tres consideraciones. En primer lugar, las multas. La ley anticorrupción y la ley de probidad administrativa, estipulan multas que deben ser aplicadas a las compañías. Estamos utilizando criterios de proporcionalidad y racionabilidad conforme al nivel de colaboración que la empresa presenta. Otra consideración son los perjuicios causados a la administración pública. Finalmente, se calcula el lucro que ha tenido la compañía.

— ¿Ha habido casos de empresas que terminan quebrando?
No hemos tenido un caso todavía. Nosotros pedimos a la justicia que el acuerdo de colaboración eficaz esté arriba de todos los pagos. La justicia ha declarado que hace un crédito más que especial: crédito garantizador de la propia recuperación judicial. Está por delante de los demás. Probablemente, vamos a pedir eso con Odebrecht.

— ¿Qué pasa con los activos de las empresas?
Lo que quiero como Estado es prevenir la corrupción. Para hacerlo, me interesa tener las informaciones de las personas que han participado en la corrupción. Lo que quiero es recibir el valor, pero para recibir valor tengo que mantener a la empresa viva.

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