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Luis Castañeda y los cuestionamientos que marcaron su gestión municipal

La investigación fiscal que se le sigue al ex alcalde de Lima por el caso Lava Jato se suma a anteriores casos como Comunicore y presuntos cobros irregulares

Luis Castañeda Lossio

El ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio no participa en la escena políica desde que dejó el cargo a fines del año pasado. (Foto archivo Municipalidad de Lima)

Difusión

El tres veces alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio (73) afronta actualmente dos investigaciones fiscales por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, en el marco del Caso Lava Jato. Ambos relacionados a presuntos favorecimientos hechos a la constructora OAS en relación al proyecto de la “Línea Amarilla”.

Hoy El Comercio reveló que OAS aportó US$220 mil a la campaña de Luis Castañeda Lossio, en el 2014, según declaró un colaborador ante los fiscales. Dicho monto representa más del doble de los US$100 mil que ofreció Aldemario Pinheiro -Leo Pinheiro- ex presidente de la constructora OAS. Martín Bustamante, ex hombre de confianza del líder de Solidaridad Nacional, habría solicitado esa cantidad.

OAS aportó US$220 mil a campaña de Luis Castañeda Lossio

Luis Castañeda negó haber recibido sobornos de constructora OAS

El ex alcalde de Lima afrontó anteriores  investigaciones judiciales durante su paso por la comuna limeña. Nos referimos a los casos Comunicore y el presunto doble cobro irregular como burgomaestre y presidente regional de Lima Metropolitana.

Caso Comunicore
Se remonta a principios de diciembre de 2005 cuando tras un laudo arbitral la Municipalidad de Lima y Relima [empresa que prestaba servicio de limpieza] llegaron a un acuerdo para pagar una deuda millonaria que había ido acumulándose desde 1998. El acuerdo implicaba pagar en un plazo de 10 años la suma de 35,9 millones de soles.

MML

En el 2006 la Municipalidad de Lima desembolsó 35,9 millones de soles a favor de Comunicore por una deuda con Relima. Castañeda dijo entonces que se trató de un trato entre privados. (Foto: USI)

Sin embargo, Comunicore compró la deuda y solo pagó 14,6 millones de soles. Al año siguiente la Municipalidad de Lima pagó 35,9 millones de soles de deuda a Comunicore. Apenas se hizo de este dinero, esta última fue liquidada. Luego se conoció que José Luis Pinillos, sobrino político de Luis Castañeda, fue parte de Comunicore en el 2005.

Un informe final de la Contraloría confirmó el delito de colusión y señalaba que la Municipalidad de Lima pagó la deuda a esta empresa a sabiendas de la irregular ganancia que obtenía tras la negociación con Relima.

Cuando Susana Villarán asumió la alcaldía el 2010 creó una comisión investigadora. En enero de 2011 la jueza Nelly Aranda Cañote decidió no abrir proceso penal contra Castañeda por no encontrar indicios. En setiembre de 2011 la Sexta Sala Penal para Reos Libres lo incluyó como procesado. Sin embargo, el juez Benjamín Enríquez anuló la resolución de la Sexta Sala Penal.

Al año siguiente, el 12 Juzgado Penal de Lima abrió nuevamente proceso penal contra Castañeda por colusión desleal y malversación de fondos.

Sin embargo, en noviembre de 2012 el Ministerio Público solicitó excluir a Castañeda del proceso. Al año siguiente el Poder Judicial también determinó que el proceso penal continúe y que se excluya a Castañeda.

En 2014 la revista Poder reveló que la cabeza de la operación Comunicore fue Álex Ángel Montoya Agüero, un narcotraficante prófugo desde el 2009. Un informe secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera del 2010 revelaba que él fue cómplice de Miguel Garro (ex gerente de Relima) en la creación de empresas fachada.

En febrero de 2017 el Poder Judicial absolvió a 14 ex funcionarios de la Municipalidad de Lima –de la primera gestión de Luis Castañeda– por el presunto desembolso irregular de S/35,9 millones a la empresa Comunicore.

Municipalidad de Lima

El día que el Poder Judicial absolvió a los ex funcionarios de la Municipalidad de Lima implicados en el Caso Comunicore. [Foto archivo El Comercio]

Archivo El Comercio

La sala también determinó que no hubo perjuicio para la Municipalidad de Lima, de acuerdo a informes de la Sunat y otros peritajes de la fiscalía. Entre los procesados que fueron absueltos figuran ex funcionarios de la comuna de Lima, de la empresa de limpieza Relima y de Comunicore.

El fallo señalaba que los delitos de malversación y colusión habían prescrito. Solo quedó pendiente en la fiscalía un proceso por el delito de lavado de activos para los implicados.

Caso de presunto cobro irregular
En diciembre 2015 el Poder Judicial declaró infundado el pedido de la fiscalía de archivar la investigación contra el alcalde Luis Castañeda Lossio por el presunto cobro irregular de doble sueldo en sus anteriores gestiones. El burgomaestre y otros ex funcionarios de la Municipalidad de Lima fueron procesados por el delito de peculado doloso.

Entre enero del 2004 y julio del 2006, Castañeda recibió S/.189.140 por concepto de asignaciones extras, bajo el argumento de que desempeñaba la función de burgomaestre y presidente regional de Lima al mismo tiempo.

Su abogado Mateo Castañeda dijo que las denuncias contra su patrocinado eran incongruentes y además se trataba de una “acusación genérica”, por lo que solicitó que la denuncia retorne a la fiscalía. Agregó que los pagos que había recibido el alcalde fueron una bonificación legal.

Entonces el juez Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, consideró que la bonificación excepcional que se le asignó a Castañeda por el ejercicio de nuevas funciones carecía de congruencia ya que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales era anterior a la Ley Orgánica de Municipalidades, y esas funciones ya se encontraban explícitas al momento de asumir el cargo.

El magistrado resolvió elevar el expediente del caso a una Fiscalía Superior para que ratifique o rectifique un sobreseimiento presentado por la fiscalía.

En abril de 2016 la titular de la Primera Fiscalía Anticorrupción, Janny Sánchez Porturas Ganoza, presentó una acusación penal contra Castañeda por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado.

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