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Cuando los fiscales escalan a categoría de superhéroes, por Renato Cisneros

"En el país en que crecí, ponerle grilletes a un presidente era sacrilegio". La columna de Renato Cisneros, El Salón de la Justicia.

Rafael Vela y José Domingo Pérez

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial Lava Jato. (Foto: AFP)

Crecí en un país donde los poderosos, por más robos o crímenes que cometieran, jamás eran encarcelados. Ni preventiva ni preliminar ni provisoria ni accidentalmente. En ese país, los poderosos –el conjunto de políticos y empresarios corruptos– se las ingeniaban para escamotear continuamente el brazo mofletudo de la ley, aunque casi siempre su ingenio se reducía al ejercicio de torcer jueces de turno. Es decir que, además de poderosos con tentáculos que se libraban de la carcelería, en el país en que crecí proliferaban jueces sin convicción por la justicia o con una convicción adaptable a una tarifa. Como los delitos muchas veces eran ostensibles, los poderosos buscaban chivos expiatorios sin dinero ni influencia para que la policía los detuviera y así amortiguar posibles embates de la prensa. Me pregunto ahora cuántos peruanos habrán ocupado tras las rejas el lugar que le tocaba a un poderoso.

En el país en que crecí, ponerle grilletes a un presidente era sacrilegio. Había ocurrido en el pasado, claro, pero por razones políticas, casi nunca por hechos puramente delictivos. Y no es lo mismo ser depositado en un calabozo por tus ideas que por tus fechorías. Lo primero otorga cierta dignidad e incluso puede relanzar la carrera del presidiario una vez recuperada su libertad. Lo segundo, en cambio, es de una vergüenza tal, que sepultaría cualquier trayectoria, aunque de eso no tengo certeza, pues, como venía diciendo, crecí en un país donde no se confeccionaban trajes a rayas a la medida de los mandatarios ladrones, pues a ellos –hombres que se juraban “destinados” al poder y la inmunidad– los juzgaría el tribunal de la historia, no una vulgar Corte Suprema. Ese era el convencimiento de la época: los presidentes solo responden por sus faltas ante Dios o ante los biógrafos, nunca ante el código penal.

Así era el cuento hasta que cayó Fujimori. Su condena, entre otras cosas, nos permitió a los peruanos ver que los presidentes, si infringen la constitución alevosamente, pueden acabar en la cárcel. El mensaje, sin embargo, no parecer haber sido captado por aquellos que a continuación nos gobernaron o pretendieron gobernarnos, pues todos ellos se encuentran hoy confrontados por la ley en el marco del caso Odebrecht. Desde Alejandro Toledo, ese beodo que exigía puntualidad a la hora de la marmaja, hasta Pedro Pablo Kuczynski, quien deberá ir a prisión una vez que deje la clínica donde se recupera de una afección cardíaca. En medio están Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Susana Villarán y, hasta hace una semana, Alan García, quien, ante una inminente detención policial, prefirió perforarse las sienes de un balazo.

Los familiares, abogados y partidarios de los implicados esgrimen los mismos argumentos para criticar la decisión de los jueces. Si no hablan de “persecución fascista” (sic) o cacería de brujas, hablan de revanchismo, arbitrariedad, abuso, inhumanidad y hasta de deseo de figuración por parte de los fiscales del equipo especial Lava Jato.

A pesar de que la prisión preventiva viene aplicándose en el país desde el 2012, recién ahora que aprieta el cuello de los peces gordos se vuelve polémica. Incluso el presidente de la república, el primer ministro y el titular del Tribunal Constitucional se han sentido en la necesidad de invocar al Poder Judicial a que “revise sus criterios”; pedido que dicho así, en coro, sabe a peligrosa intromisión.

Más allá del tecnicismo de las medidas cautelares, más allá del trance amargo por el que pasan los parientes de los acusados, una cosa es verdad: los poderosos ahora sí se sientan en el banquillo a responder ante la justicia. Eso no ocurría en el país donde crecí. No descarto que haya desproporción en algunos casos, y concuerdo en que es necesaria la vigilancia para evitar negligencias y atropellos, pero si las delaciones premiadas vienen funcionando, si los casos poco a poco van esclareciéndose, si en países como Colombia, Chile o México se aplaude el trabajo de nuestra fiscalía anticorrupción, y si existe en el ambiente nacional una creciente sensación de que ellos, los poderosos, y nosotros, todos los demás, estamos por fin en igualdad de condiciones ante la ley, entonces respaldo con firmeza a esta justicia. No pasemos por alto sus excesos, pero nunca más normalicemos sus omisiones. //

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